| Ubicación : | TD347.077/QUI | | Autores: | Quiroga Iñiguez, Marcelo Orlando, Autor | | Título : | El amparo constitucional contra sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada| Fuente : | Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2005, 136p | | Notas : | Incluye Bibliografía
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Tesis
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| | Temas : | RECURSOS DE APELACION-AMPARO CONSTITUCIONAL | | Resumen : | El sistema de control de constitucionalidad adoptado por el Estado boliviano en la reforma constitucional efectuada el año 1994 no es en esencia un sistema de control concentrado puro, al contrario, siguiendo la línea de reflexión del profesor Francisco Rubio Llorente se puede afirmar que es un sistema en el que concurren los elementos del modelo americano como también europeo. Resulta que por un lado, a través de la referida reforma constitucional, se ha creado el Tribunal Constitucional como el órgano encargado del control concentrado de constitucionalidad y máximo intérprete de la Constitución, la que encuadra el sistema adoptado en el modelo europeo. Pero por otra parte, el Constituyente no modificó el texto del artículo 228 de la Constitución reformada, por cuyo mandato los tribunales y jueces, al revolver un caso concreto dentro de un proceso judicial, tienen la obligación de no aplicar las disposiciones legales que sean contradictorias o incompatibles con las normas previstas en la Constitución, la cual constituye un acto de control de constitucionalidad y se encuadra en el modelo americano del "judicial review" o revisión judicial. A ello se añade el hecho de que por prescripción de las normas previstas por la Constitución y la Ley N° 1836 del Tribunal Constitucional, los juzgados y tribunales judiciales ordinarios ejercen el control de constitucionalidad, en el rubro del control del ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, conociendo y resolviendo los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional. Con relación al Tribunal Constitucional la legislación boliviana ha definido como sus fines el ejercer el control de constitucionalidad y garantizar la primacía de la Constitución, el respeto y vigencia plena de los derechos y garantías fundamentales de las personas, así como la constitucionalidad de las convenciones y tratados.
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